En Puerto Rico, una Epidemia de Violencia Doméstica Se Esconde A Simple Vista

En la mañana del 18 de mayo del 2018, la abogada Lersy Boria conducía por una carretera en Bayamón con su hijo en el asiento trasero cuando el Toyota Yaris frente a ella se detuvo. Vio a un hombre salir de su auto, gritarle a la mujer que conducía frente a Boria y sacar un arma de fuego. Oyó disparos.

Boria fue la única testigo del asesinato de Suliani Calderón Nieves. Ella dice que este acto escalofriante fue su motivación para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; fue nombrada a este cargo por el gobernador Ricardo Rosselló en julio del 2018. Boria es más joven que sus predecesoras (tenía solo 38 años cuando se convirtió en la procuradora) y su currículum antes de su nombramiento tenía poco que ver con los derechos de la mujer. Pero presenciar el asesinato de Suliani la distingue de otros funcionarios públicos; ella ha visto las consecuencias de la violencia de pareja de cerca.

“El problema de violencia doméstica en Puerto Rico es un problema multifactorial y multisectorial. Desde que yo ocupé la silla de procuradora, pues cuando me topo con todo lo que tengo que trabajar, hay que trabajar el aspecto de educación, el aspecto de fiscalización y el aspecto de rehabilitación”, dijo.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres fue creada intencionalmente como una agencia estatal independiente con amplios poderes para proteger y promover los derechos de la mujer en Puerto Rico, una oficina que puede trabajar junto con el gobierno, pero cuya líder no sigue órdenes de quien esté en el poder. Algunas de las responsabilidades de Boria descritas en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres incluyen investigar la violación de los derechos de la mujer, sopesar la creación de políticas públicas, fiscalizar si dichas medidas se están implementando adecuadamente y emitir multas administrativas a las agencias gubernamentales que las violen, incluyendo a la policía. Atender la crisis de violencia de género en la Isla también es uno de los deberes explícitos de la oficina, según la ley.

En sus casi dos años en el cargo, Boria ha avanzado medidas destinadas a ayudar a las víctimas de la violencia de pareja. Su oficina cuenta con mediadores certificados que apoyan a las víctimas al navegar el sistema legal. A las activistas les preocupaba que la mayoría de los programas de rehabilitación para agresores en la Isla no tuvieran licencia, y Boria también trató de resolver ese problema. Crear legislación es otra área en la que Boria usa el peso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ella luchó por un proyecto de ley que establece 15 días de licencia no remunerada para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, una medida que fue aprobada como ley por el gobernador Rosselló antes de que renunciara a su cargo el verano pasado. También apoyó un proyecto de ley reciente para crear un número de emergencia para las víctimas de violencia doméstica.

Presenciar el asesinato de Suliani distingue a Boria de otros funcionarios públicos; ella ha visto las consecuencias de la violencia de pareja de cerca.

Pero Boria también se ha mantenido al margen de algunos debates vitales, según sus críticos. Se mantuvo públicamente en silencio sobre una ley aprobada por la gobernadora Vázquez en diciembre del 2019, que le permite a las sobrevivientes de violencia doméstica recibir una licencia para armas de fuego de manera más ágil si tienen una orden de protección. Las defensoras de los derechos de la mujer y las organizaciones de servicios para las víctimas dicen que no se les consultó al redactar la ley, y se han opuesto a ella desde entonces. Creen que Boria también debería haberlo hecho.

“Armar a las mujeres en vez de ponerlas en una situación de más seguridad las pone en una más insegura”, dijo Vilma González, de la Coordinadora Paz para la Mujer. Los estudios han encontrado que las tasas de posesión de armas están particularmente vinculadas a los homicidios de parte de parejas íntimas en los Estados Unidos. La mitad de las mujeres asesinadas por sus parejas son asesinadas a tiros, y estos asesinatos vinculados a armas aumentaron 26 por ciento entre el 2010 y el 2017. Poseer una pistola plantea un desafío para las víctimas que desean ser alojadas en un albergue. “Ahora tenemos que establecer nuevos protocolos [de seguridad] sobre cómo manejar esto si vienen” a un refugio, dijo Vilmarie Rivera de Red de Albergues. “Estas medidas se podrán hacer con buena intención, pero operacionalmente no funcionan”.

Sus críticos argumentan que cuando Boria decide pronunciarse sobre proyectos de ley u otras medidas, se enfoca demasiado en el incrementalismo, sin estar dispuesta a responsabilizar a la administración de Rosselló, quien la designó a su cargo, o la de su sucesora, la gobernadora Vázquez. A finales del 2018, Boria dijo que no podía imponer una multa a la policía por haberle lanzado gas pimienta a mujeres manifestándose en una protesta contra la violencia de género que duró todo un fin de semana, a pesar de que estaba dentro de su poder. Esta decisión fue vista como un apoyo para la administración de Rosselló.

“Ella no es una empleada del gobierno. La ley que crea esa oficina le provee a ella una independencia, precisamente porque el rol de la procuradora de las mujeres es fiscalizar que el gobierno esté implementando esas políticas públicas para erradicar la violencia de género”, dijo Zoán Dávila, de Colectiva Feminista en Construcción. “La procuradora de las mujeres no puede estar del lado del Estado, defendiendo la gestión que está haciendo para atender este problema. La procuradora tiene que investigar por qué se están dando esas fallas, quién es responsable y cómo se pueden resolver. Eso no es lo que ella ha hecho”.

También hay otros grupos afectados. Rivera, de Red de Albergues, cree que hay una desconexión entre las necesidades de las víctimas y los esfuerzos a los que se le ha dado prioridad en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Los albergues, en particular, son programas costosos (refugiar a una víctima con tres hijos cuesta alrededor de $7,500 al mes) y se han visto muy afectados por las medidas de austeridad implementadas a raíz de la crisis fiscal de la Isla. No está claro si Boria ha abogado en nombre de los albergues a lo largo de su mandato.

La Oficina de la Procuradora de la Mujeres administra específicamente los fondos de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), los cuales los albergues pueden recibir. Pero tienen que competir por estos fondos contra otras iniciativas, incluyendo programas de capacitación sobre violencia doméstica para la policía e iniciativas contra la violencia sexual, entre otros. “Cada día los fondos están más limitados y cada día es menos lo que recibimos para brindar nuestros servicios”, dijo Rivera, y agregó que lo mismo está ocurriendo con sus otras fuentes importantes de fondos gubernamentales: la legislatura estatal, la Administración de Familias y Niños y el Departamento de Justicia de Puerto Rico. “Irónicamente, somos el único mecanismo que ha demostrado 100 por ciento de efectividad en nuestro trabajo. A las mujeres no las matan en los albergues, porque nosotros contamos con unos protocolos de seguridad que nos permiten garantizar que las víctimas estén protegidas”.

Boria rechazó en gran medida las quejas sobre su desempeño, y dijo que los diferentes sectores deberían luchar por estar más unidos si quieren poner fin a la violencia contra las mujeres. “Todos vamos hacia el mismo fin. Y no nos debemos concentrar en el murmullo. Tenemos que trabajar con un plan estratégico, unirnos — ya no seguir trabajando segregados ni con protagonismos”, dijo. “Aquí lo importante es que todos nos unamos, que todas establezcamos las mejores políticas.”

Las organizaciones de derechos de la mujer sienten que Boria no las apoya justo en el área donde dicen que su apoyo sí puede hacer una diferencia: exigir al gobierno que declare un estado de emergencia por la violencia de género. En cambio, Boria apoyó a la gobernadora Vázquez cuando emitió una alerta nacional en setiembre pasado. Desde entonces, ha participado en las reuniones del grupo de trabajo que el gobierno estableció en el otoño del 2019 para abordar el problema de la violencia doméstica en Puerto Rico.

En diciembre, cuatro organizaciones feministas, el Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR), Colectiva Feminista en Construcción, Taller Salud y Proyecto Matria, dijeron que no iban a continuar participando en el grupo de trabajo. Dávila, de Colectiva, dijo que se unieron a la mesa dispuestas a trabajar con la administración de Vázquez. En las primeras reuniones del grupo de trabajo vieron el borrador propuesto por el gobierno y se les permitió hacer sugerencias.

“Era muy general”, dijo. “En ninguna parte del borrador había un reconocimiento de las fallas del sistema. No era un plan concreto”. En diciembre, recibieron una versión actualizada que no reconocía ninguna de las enmiendas que el grupo había hecho. “Todas decían, ‘esta porquería’”, dijo Dávila. Colectiva abandonó el grupo de trabajo pues sus miembros sentían que era una farsa.

Las miembros restantes del grupo de trabajo continúan en esa labor, según reportes mediáticos. La gobernadora Vázquez dijo a principios de marzo que la versión final del plan de trabajo se publicaría “en unas semanas”, justo cuando la pandemia de coronavirus arrasó con la Isla. Aún no lo han publicado.

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